lunes, 8 de enero de 2018

La factura de la luz ha subido un 10,8% en 2017, según Facua


La asociación de consumidores denuncia "la pasividad del Gobierno" y le acusa de no actuar para reducir la tarifa 



La factura de la luz de un usuario medio acogido a la tarifa regulada se ha encarecido un 10,8% en este 2017 con respecto al año pasado, según el análisis de Facua-Consumidores en Acción. En concreto, el recibo se ha elevado a 75,59 euros mensuales (impuestos indirectos incluidos), frente a los 68,2 euros de 2016, lo que supone unos 7,39 euros más, según los cálculos de la asociación. El estudio se ha realizado a partir de las tarifas del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC); es decir, la tarifa regulada que tienen en torno a la mitad de los consumidores de España, aplicadas entre el 1 de enero y el 29 de diciembre. 

En el acumulado del año, el montante total de la factura de la luz para un usuario medio asciende a unos 907,08 euros, lo que representa 88,63 euros más que los 818,45 euros abonados a lo largo de 2016. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció a principios de año que estimaba una subida de en torno a 100 euros, por lo que se ha quedado algo por debajo. Asimismo, en noviembre, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, manifestó que el precio para los consumidores con tarifa regulada se mantendría por debajo de 2015, aunque superaría los de 2016. 

Además, Facua denuncia el "brutal" incremento en las tarifas de la energía consumida del 16%. Así, señala que el precio del kilovatio/hora (kWh) pasó de los 13,28 céntimos que representó en 2016 a 15,41 céntimos en este año. Asimismo, señala que la tarifa por la potencia contratada ha bajado un 2,1%. Así, en todos los meses de 2017 fue de 4,36 euros por kW, mientras que en 2016 ascendió a 4,46 euros/kW. 

En 2017, el mes con las tarifas más caras fue enero, en el que el usuario medio tuvo que abonar una factura de 87,81 euros, seguido de diciembre, con un recibo de 80,65 euros (con las tarifas aplicadas hasta el día 29). Los recibos más bajos se registraron en los meses de marzo y abril, en los que representaron una media de 70,96 y 70,98 euros, respectivamente. 

En 2016 la factura más elevada para el usuario medio había sido la de diciembre, 80,23 euros, frente a los 60,03 euros de abril, el mes menos caro. este estudio afecta a los usuarios con contadores tradicionales o digitales aún no adaptados a la telegestión, y para un usuario medio con un consumo de 366 kWh al mes y con una potencia contratada de 4,4 kW. 

La asociación denuncia "la pasividad del Gobierno ante la escalada tarifaria, que denota su escandalosa complicidad con las eléctricas para ayudarles a seguir engordando beneficios anuales milmillonarios a costa de mantener unos escandalosos índices de pobreza energética". 

Asimismo, critica que, además de no actuar para reducir unas tarifas que están entre las más elevadas de la UE, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital haya decidido recortar el descuento que representa el bono social, "además de establecer limitaciones desproporcionadas para acceder a él". 

La OCU critica la subida del gas 

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha criticado hoy la "fuerte subida" del precio del gas a partir del próximo lunes y ha señalado que supondrá que un hogar con un consumo medio verá que por el mismo importe que abonaba en 2017, ahora tendrá 21 días menos de suministro de gas. 

La OCU ha recordado que este incremento solo afecta a los clientes con tarifa TUR, y que los hogares que están en el mercado libre con tarifas pactadas con su comercializadora la subida no se aplicará de manera directa, aunque es previsible que el incremento de precio se deje sentir en las próximas revisiones de tarifa. La subida del gas afectará tanto a los hogares con tarifa 3.1, para quienes la subida será del 7,1%, como a los que tienen contratada la tarifa 3.2, cuyo incremento será del 8,2 %, explica en un comunicado. 

Esta "importante subida" solo será en parte paliada por la revisión del precio del alquiler del contador, que se reduce significativamente y recorta en 13,5 euros el total de la factura anual del gas, ha comentado. Aunque la OCU ha recordado que el precio regulado es trimestral y el próximo mes de abril podría bajar (o volver a subir) es en estos meses de invierno cuando se produce el mayor consumo de gas. 


Fuente: El País

 

Energía ordena devolver a las eléctricas sus pagos por el bono social de 2014


El retorno de 200 millones se realizará con cargo al superávit de ingresos del sistema eléctrico 


Aerogeneradores de Iberdrola

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha ordenado devolver a las eléctricas las cantidades que abonaron en concepto de bono social el ejercicio de 2014, más los intereses legales computados desde que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro, con lo que se cumplirá la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a hacer ese pago tras un recurso de las eléctricas. Dichos pagos se realizarán con cargo a los superávit de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del encargado de las liquidaciones, ha informado hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

El bono social eléctrico en 2014 rondó los 200 millones de euros y fue asumido en su mayor parte por Endesa (41,61%), Iberdrola (38,47%) y Gas Natural (14,18%). Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en positivo, acumulando más de 1.440 millones de euros de superávit. En concreto, ese año el superávit ascendió a 550,3 millones de euros, mientras que en 2015 alcanzó los 469,3 millones de euros y en 2016 más de 421 millones de euros. 

El ministerio también ha dispuesto dar traslado de la presente orden a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como órgano encargado de las liquidaciones, a fin de que proceda a realizar los reintegros a los que se refieren los apartados anteriores. Dicha Comisión deberá enviar al ministerio la información sobre la liquidación que hiciese. 

El pasado mes de octubre, el Ministerio ya aprobó otra orden para la devolución de las cantidades abonadas por las eléctricas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, después de que otro fallo del Supremo estimara que estas indemnizaciones a las compañías debían realizarse con cargo al sistema eléctrico y no al Tesoro Público o a las comercializadoras. 

A finales de octubre del año pasado, el Supremo ya había estimado los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo -la antigua E.ON España- y reconoció el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del real decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación. 

En varias sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo declaró la nulidad de esa orden y estimó los recursos interpuestos por Estebanell y Pahisa, Electra del Maestrazgo, Fuciños Rivas, Endesa, Iberdrola España S.A.U, Cooperativa Popular de Fluido Eléctrico de Camprodón, Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME), Iberdrola S.A., Gas Natural SDG, Viesgo Infraestructuras Energéticas S.L. (antes E.ON España S.L.). 

En consecuencia, el ministerio ha procedido a ejecutar las citadas sentencias, ordenando la devolución de las cantidades abonadas en concepto de bono social por todos los grupos de sociedades, o en su caso, sociedades designadas en la Orden IET/350/2014, por las que se determinaron los sujetos obligados a financiar el bono social en el ejercicio 2014. 

Incluidas en los Presupuestos 

A este respecto, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. 

Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. 

La disposición adicional centésima décima cuarta señala que, "de forma excepcional para el año 2017, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico". 



Fuente: El País

 

El precio de la electricidad sube más en España que en la UE por la sequía


Entre enero y junio el coste de la luz en los hogares se elevó un 5,1% en el mercado español, frente a una leve caída del 0,5% en Europa 


Embalse de Lindoso en Orense, donde tras la sequía ha emergido el antiguo pueblo de Aceredo. OSCAR CORRAL EL PAÍS

Los estragos de la sequía repercuten directamente en la factura de la luz. El precio de la electricidad que soportan los hogares españoles fue uno de los que más subió en la Unión Europea durante la primera mitad del año. Entre enero y junio, escaló un 5,1% frente al mismo periodo de 2016, bastante por encima del 0,5% que repuntó en la eurozona y del -0,5% que descendió en la UE. Además, el coste por 100 kilovatios hora sigue situado entre los más caros de Europa, antes y después de impuestos. Los expertos acusan al sistema de ser demasiado opaco. 

El motivo de que suba tanto el precio de la luz en España reside en la sequía, apuntan fuentes del sector eléctrico. Los embalses están bajos. Se ha dado poco viento. Y eso ha provocado que se emplee menos la energía hidroeléctrica y la eólica, que son más baratas. Para sustituirlas, se ha tirado de las plantas de gas o ciclo combinado, que resultan más caras. Y salen aún más caras porque en otros países cuentan con gas o lo reciben de Rusia por tuberías. En cambio, en España se licúa, se transporta y luego se regasifica para su uso, de ahí que sea más oneroso. También cuesta más porque el gas cotiza referenciado al petróleo, cuyo precio se disparó tras el acuerdo de los países productores para limitar la producción. 

Esas son las razones de este repunte. Pero la carestía de la luz viene de antes. Con impuestos incluidos, España registró un coste de 23 euros por 100 kilovatios hora en el primer semestre de 2017. Este precio solo fue superado por los 30,5 euros de Alemania y Dinamarca y los 28 euros de Bélgica. Y se encuentra en los mismos niveles que Irlanda, con 23,1 euros, y Portugal, con 22,8. 



Sin impuestos, España figura como el país más caro junto a Irlanda y Bélgica. Sin embargo, según los expertos, esto se debe a que los costes de las renovables se cobran directamente a las empresas, mientras que en otros países se fija un impuesto específico. Por eso, esta comparativa resulta más desfavorable para España. En todo caso, el precio total incluyendo impuestos sale consistentemente siempre más caro que la media. Según fuentes conocedoras, el problema es que se han cargado sobre la factura de los hogares elementos que no deberían, aprovechándose de la opacidad. Por ejemplo, los subsidios al carbón o la industria. También se están pagando todavía las renovables, en especial la fotovoltaica. Se decidió empezar con ellas cuando la tecnología todavía era incipiente y, por lo tanto, carísima. Para algunas fuentes pesa además mucho la regulación, y citan como ejemplo la retribución que se concede a la red de alta tensión. 

Fuentes de Competencia argumentan que hay tres procedimientos abiertos en Europa contra el Gobierno por hechos que encarecen la luz: uno se ha empezado porque es el Ejecutivo y no el regulador quien fija la parte regulada o peajes, lo que permite al Gobierno hacer política con el recibo de la luz, por ejemplo bajando costes a la industria vasca. Un segundo procedimiento se ha iniciado debido a que el Estado paga a precio de oro a la gran industria por interrumpir la producción cuando hay picos de demanda. En este caso, se trata además de una interrumpibilidad que nunca se usa. Y otro se ha emprendido porque el Estado español presuntamente está remunerando a las eléctricas por mantener una capacidad instalada superior a la que se necesita. Y todo ello a cuenta de la factura de la luz. 

Respecto a la rebaja a la industria vasca, el Ministerio de Energía alega que esta beneficia a más territorios y que solo se llevará a cabo cuando lo subsidien los Presupuestos. Es decir, no lo pagará el consumidor. En cuanto al procedimiento sobre la interrumpibilidad, Energía explica que este aún no se ha producido. Hay conversaciones en la UE sobre cómo revisar el sistema y hay una discusión por ello entre la comisaría de competencia y la de energía, sostienen. Además, insisten en que su coste para el consumidor es mucho menor que el ocasionan, por ejemplo, las renovables. Por último, el Ministerio resta importancia a quién fija los peajes. Esto es una decisión política, subrayan.


Publicado en: El País