El 1 de julio de 2009 entró en vigor la liberalización del mercado eléctrico, de forma que entraron en el mercado las compañías comercializadoras diferenciadas, aunque en la mayoría de los casos vinculadas a ellas, de las empresas generadoras.
Los usuarios con una potencia contratada de hasta 10 kW, unos 26,8 millones de hogares y pymes, tienen desde entonces dos posibilidades: negociar una oferta de precio con las comercializadoras o bien acogerse a la llamada tarifa de último recurso (TUR), que se fija en dos partes, la tarifa de acceso que regula el Gobierno y una subasta semestral entre las empresas productoras.
Por eso, la Comisión Nacional de Energia CNE ha animado a los usuarios a cambiar cada año de comercializadora eléctrica para aprovechar las ofertas que estas empresas suelen ofrecer el primer año al cambiar de compañía, reprochando a los consumidores que no hagan uso de la apertura de este mercado.
Pero la competencia real ha aumentado muy poco, ofreciendo unicamente descuentos para cubrir “el coste de transacción que tiene el consumidor por el cambio”. Aun así, la mayoría de los clientes opta por quedarse en la comercializadora asignada por defecto, que pertenece al grupo del distribuidor que le suministraba la energía hasta el año pasado.
Es decir, al usuario sólo le ofrecen “grandes rebajas” durante el primer año tras el cambio y luego éstas desaparecen. Por ello, Maite Costa opina que el consumidor “inteligente” debería cambiar cada año de comercializadora eléctrica para beneficiarse así de las rebajas.
Costa, que preside el organismo encargado de aprobar de forma definitiva la propuesta de Industria, ha señalado, además, que si la tarifa de último recurso se mantiene más barata que el mercado libre, éste nunca va a funcionar, lo que supone una aceptación implícita de que el precio debe seguir subiendo hasta enjugar el denominado déficit de tarifa, como reclaman las eléctricas, que aseguran que la tarifa regulada no cubre los costes de producción.
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